Para la Corte Constitucional el concurso público se constituye en la
herramienta de garantía por excelencia para que el mérito de los aspirantes que
pretenden acceder a un cargo de la función pública, predomine ante cualquier
otra determinación. Este concurso despliega un proceso en el cual se evalúan
las calidades de cada uno de los candidatos bajo condiciones de igualdad, de
manera tal, que se excluyan nombramientos “arbitrarios o clientelistas o, en general, fundados en
intereses particulares distintos de los auténticos intereses públicos. El concurso público es entonces un
procedimiento mediante el cual se certifica que la selección de los aspirantes
para ocupar cargos públicos se funde en la “evaluación y en la determinación de la capacidad e idoneidad
de éstos para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias
de un cargo”, de tal manera que “se impide la arbitrariedad del nominador” y de este modo se imposibilita el hecho de que “en lugar
del mérito, se favorezca criterios subjetivos e irrazonables, tales como la
filiación política del aspirante, su lugar de origen (…), motivos ocultos,
preferencias personales, animadversión o criterios tales como el sexo, la raza,
el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, o la opinión pública o
filosófica, para descalificar al aspirante.
Asi se expresa en Sentencia T-509-11.
En estos momentos en la mayoría
de los Departamentos y Municipios se adelantan o adelantaron los concursos de Selección
de Gerentes de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO por universidades idóneas para
ello, pero los rumores de la forma en que estos se llevan a cabo, no tienen
nada que ver con el procedimiento
determinado por la Corte Constitucional.
Se rumora en los pasillos que copias
de las pruebas escritas se venden por millonarias sumas de dinero, que el
nombre del gerente seleccionado es el mismo que se rumoraba iba a ganar el
concurso por ser el elegido por el gobernador
o el alcalde, se escucha que se
seleccionaron gerentes que no reunían los requisitos para ocupar el cargo, que
las demás pruebas complementarias eran subjetivas, y por lo tanto se inclinaron
por uno u otro candidato; hasta se ha llegado a afirmar que no podían ganar
personas que no fueran de la filiación política de tal o cual concejal o diputado. En fin... sólo podemos aceptar que esto se
trata de una MENTIROCRACIA. Pero lo más grave es que no sólo en el sector salud
se refleja el fenómeno, también es detectado en otros sectores de las diferentes
ramas del poder público. “Y cuando el río suena…”.
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