REGLAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA

Mediante Decreto 103 de Enero 20 de 2015 el Presidente de la República, reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014, reglamenta los temas relacionados con la gestión de la información pública en cuanto a: su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información, y el seguimiento a la misma. Se dan las directrices para la publicación de la información y se otorga competencia al Ministerio de Tecnologías de la Información  y Comunicaciones para que expida los lineamientos en forma estandarizada. En el sitio web oficial, en la pagina principal se debe publicar una sección denominada TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA, allí se debe publicar la información a la que se refiere la Ley 1712 de 2014 articulo 5. 

Se debe además publicar en forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios,ademas se debe publicar el objeto del contrato, valor total de los honorarios, fecha de inicio y terminación de contratos de prestación de servicios.

Se obliga a publicar los tramites y servicios en su sitio web oficial señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos.  Los sujetos obligados a contratar con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual en el Secop, también  las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

La misma norma establece la gestión de la información clasificada y reservada. Ademas se dan las directrices sobre la Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documental con los instrumentos de gestión de información.

Dada la importancia de esta norma los invito a leer  su contenido con el equipo de trabajo, para dar aplicación a la misma.

LA VINCULACION POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LAS ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UN GRAN PROBLEMA PARA QUIENES GERENCIAN LAS ENTIDADES PUBLICAS

Artículo  63 de la Ley 429 de 2010 establece que  el personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes, además ordena al  Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, imponer multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas.  Adicionalmente otorga la categoría de FALTA GRAVE para el Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes.

Es decir, con esta ley encontramos la prohibición de CUALQUIER VINCULACIÓN que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales  consagrados en las normas laborales.  Por ello no es atrevido manifestar a los lectores de este artículo, que bajo el imperio de la presente norma desaparece la contratación de prestación de servicios y órdenes de prestación de servicios tanto para el personal misional como para el personal de apoyo de toda institución publica o empresa privada.

Para el sector salud, especialmente,  el articulo 103.  De la ley 1438 de 2011, prohíbe la vinculación del personal misional a través de cualquier modalidad de contratación, que afecte los derechos constitucionales y laborales vigentes.

Ahora bien, sobre el tema, la Corte Constitucional va mas allá y explica en sentencia C-410 de 2009 que  la relación laboral con el Estado puede surgir de una relación legal y reglamentaria o de un contrato de trabajo, sin importar el nombre que las partes le den porque prevalece el criterio material respecto del criterio formal del contrato. Así, independientemente del nombre que las partes asignen o denominen al contrato, lo realmente relevante es el contenido de la relación de trabajo, y en consecuencia existirá una relación laboral cuando: i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación  Este conjunto de reglas constitucionales previstas para el empleo público constituyen imperativos que no sólo limitan la libertad de configuración legislativa en la regulación de las condiciones de trabajo de los servidores públicos y de los particulares que prestan funciones en la administración, sino también restringen la discrecionalidad de las autoridades administrativas para la vinculación, permanencia y retiro del servicio.

Además, la ley 1562  articulo 2 Parágrafo 3°.  establece la obligación POR PARTE DEL CONTRATANTE DE AFILIAR AL CONTRATISTA A LA A.R.L, sin embargo el pago será por cuenta del contratista, por cuanto para el tema de Salud Ocupacional el trabajador independiente se asimila al trabajador dependiente.

Estamos ante la llamada inseguridad jurídica nuevamente, puesto que ni el ejecutivo, ni el legislativo han examinado este problema, ni han proporcionado los elementos necesarios o las herramientas que puedan dar solución legal adecuada, a este tipo de vinculación no solo en un régimen tan especial como es el de las E.S.E.,  sino para todas las entidades públicas poder obtener el cumplimiento de sus objetivos en forma auto sostenible.